Se basa en el alzamiento con violencia y de manera pública para conseguir la derogación, la suspensión o la modificación de la Constitución, y desposeyendo al Rey de todas sus funciones o prerrogativas. Una de las siete finalidades que tipifica este delito es la de proclamar la independencia de una parte del territorio nacional.
Petición de penas
Entre 15 y 25 años de prisión para los promotores, entre 10 y 15 años para los responsables de un segundo nivel de decisión y de 5 a 10 para quienes no tienen poder de decisión y solo participan. Puede comportar hasta 30 años de prisión si se han usado armas, violencia contra las personas o se ha destinado dinero público.