1. Instrucción
Arranca con la presentación de las querellas de la fiscalía por sedición y rebelión y la admisión a trámite por parte de los tribunales.
El Supremo nombra a un juez instructor, Pablo Llarena, que se hará cargo de las actuaciones.
En esta fase, las personas son investigadas como supuestas autoras de unos delitos. Se practicarán las diligencias de investigación que refuercen o tumben los indicios que se tienen contra ellas.
En el caso de los investigados por rebelión, la justicia decide –a petición de la fiscalía– enviarlos a prisión preventiva por riesgo de fuga, reiteración delictiva y destrucción de pruebas.
Los presos y presas pedirán reiteradamente la libertad sin éxito.
La instrucción se cierra en marzo cuando el juez dice que tiene suficientes indicios de que han cometido los delitos de rebelión, malversación y desobediencia, tal y como lo recoge el auto de procesamiento.
Una vez que este es firme, el caso cambia de manos. Llarena dicta el auto de conclusión de sumario y pasa el caso a la sala de enjuiciamiento dentro de la propia Sala de lo Penal del Supremo.