Jordi Cuixart y Jordi Sànchez, condenados a 9 años de cárcel por sedición

El Tribunal Supremo ha condenado a los líderes de la ANC y Òmnium en otoño del 2017, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, a 9 años de prisión por delito de sedición y 9 años de inhabilitación absoluta por cualquier cargo público.

Sobre el 20 de septiembre, la sentencia critica el dispositivo de los Mossos ante el departamento de Economía: dice que fue reducido y que el único refuerzo fueron equipos de mediación ante los 40.000 manifestantes; tampoco se estableció el perímetro de seguridad que comisión judicial pedía y que propició que 7 coches de la guardia civil acabaran con "importantes destrozos".  

 

La sentencia condena a Jordi Cuixart a 9 años de prisión e inhabilitación por el delito de sedición.

La sala del Tribunal considera que Jordi Cuixart no solo hacía proclamaciones simbólicas y que estaba dispuesto a oponerse también materialmente a la actuación de las fuerzas de seguridad y tribunales.

Argumenta la sentencia que Cuixart sitúa su personal interpretación de los derechos fundamentales por encima del Tribunal Constitucional y que ésta debe someterse a la suya si no coincide.

Según la sentencia:
 

"Esa actitud llevaría al caos si fuese admitida y generalizada. Supondría el suicidio del Estado de derecho. Su autodestrucción."

Y añade que "lo que pasó el 1 de octubre no fue solo una manifestación o un acto de protesta. Si hubiera sido así no habría reacción penal. Fue un levantamiento tumultuario alentado por el acusado entre otras personas para convertir en papel mojado unas decisiones judiciales del Tribunal Constitucional."

La sentencia también dice que Cuixart ni rechaza, ni disimula ni esconde su responsabilidad y que ha verbalizado su voluntad de seguir con esta conducta con "lo volveremos a hacer."
 

Al conocer la sentencia, Cuixart ha tuiteado desde la cárcel de Lledoners reiterando que "lo volvería a hacer" y hace un llamamiento a la reincidencia:
 

 

"Mensaje desde prisión: la respuesta a la sentencia, reincidencia #HoTornaremAFer Amnistía, Democracia y Autodeterminación."

La sentencia condena a Jordi Sànchez a 9 años de prisión e inhabilitación por el delito de sedición.

El tribunal da por probado que la actitud del presidente de la ANC, Jordi Sànchez, no era otra que la de dificultar y bloquear la actuación judicial. Que apostaba por dificultarla y poner trabas, así como desprestigiar la actuación de la comitiva judicial y la Guardia Civil.

También le condena por estar conchabado con los líderes políticos para hacer el referéndum considerado ilegal por el Tribunal Constitucional, y para organizar las movilizaciones del 1 de octubre que -dice- impedir cumplir lo que ordenó el Tribunal Constitucional y el TSJC.

Aunque la sentencia se extiende bastante en la actuación de Jordi Sànchez en la concentración del 20S y critica las declaraciones y proclamaciones que hicieron, tanto él como Cuixart, el tribunal después lo circunscribe en los derechos a la libertad de expresión y manifestación.

Y por lo tanto lo condena por la actitud tendiente a dificultar la actuación judicial y policial, tanto el 20S como el 1-O.
 

Jordi Sànchez en saber la sentencia ha tuiteado "Injusticia":

 

Minutos más tarde, en un segundo mensaje a querido enseñar su optimismo y asegurando que "si persistimos, Cataluña será independiente"​:
 

 

"9 años de prisión no acabarán con mi optimismo. Cataluña será independiente si persistimos. Manifestamos sin miedo, avanzamos decididos desde la noviolencia hacia la libertad. Gracias por no desfallecer. ¡Ganaremos!".

 

La Asamblea Nacional Catalana ha convocado una rueda de prensa en la plaza de los Ángeles de Barcelona a las 12 horas después de que la sentencia al 1-O se haya hecho pública.
 

"Dos años más tarde, y después de que se haya hecho pública una sentencia condenatoria, el secretariado actual de la Asamblea, junto con los secretariados anteriores, hará una rueda de prensa conjunta para trasladar la valoración y el posicionamiento de la entidad y asimismo reafirmarse en el objetivo político, la independencia."

 

Peticiones de entre 8 y 52 años

La principal acusación, la de la Fiscalía, solicitaba 17 años de prisión para todos por el delito de rebelión, mientras que la Abogacía del Estado solicitaba 8 por sedición.

Como en el resto, era la acusación popular ejercida por el partido de extrema derecha Vox la que solicitaba la pena más alta: 52 años por rebelión y organización criminal.

Las acusaciones consideraban que la actuación de los dos permitió "actos contra decisiones judiciales legítimas", en referencia a los hechos del 20S.

También que promovieron "una intensa y violenta movilización ciudadana" e hicieron creer que "la proclamación de la república era perfectamente viable".

Cuixart: "Denunciar el ataque a las libertades"

En la declaración ante el tribunal, Cuixart afirmó que su prioridad en el juicio no era evitar la cárcel, sino "denunciar el ataque a las libertades" que, según él, suponía el juicio.

Igual que Oriol Junqueras y que Jordi Sànchez, declaró que se consideraba "un preso político", que el 20S no hicieron ninguna convocatoria y que las movilizaciones de aquel día fueron pacíficas.

También afirmó que la llamada "hoja de ruta" de marzo del 2015, que las acusaciones calificaban de "documento estratégico", no lo era, sino solo "una declaración de intenciones".

Criminalizar derechos

En las conclusiones finales, su abogada, Marina Roig, afirmó que las acusaciones se habían dedicado a criminalizar derechos fundamentales como el de reunión y el de manifestación.

En este sentido, argumentó que la Constitución española "no se entendería sin las movilizaciones de los años 70".

Y sobre el 20S explicó que no se habían dificultado las actuaciones judiciales y que las acusaciones tergiversaron las dificultades de comunicación entre los Mossos y la Guardia Civil por afirmar el contrario.

Sànchez y el 20S
 

Por su parte, en su declaración ante el tribunal, Jordi Sànchez  negó que el 20S hubiese habido "un intento permanente de asalto" en la sede del Departamento de Economía.

También negó que él fuera el responsable de la seguridad, sino solo del servicio de orden de la ANC, y se quejó que se criminalizaran "movilizaciones absolutamente pacíficas".
 

El abogado de Jordi Sànchez, Jordi Pina, interviniendo en una sesión del juicio del procés en el Tribunal Supremo

Su abogado --también de Jordi Turull y Josep Rull--, Jordi Pina, cuestionó que lo que pasó el 20S y durante el otoño del 2017 fuesen "alzamientos" rebeldes o sediciosos, sino solo "protestas y manifestaciones".

Sànchez y Cuixart son los líderes independentistas que hace más tiempo que están en prisión preventiva: prácticamente 2 años, desde el 16 de octubre del 2017, cuando fueron a declarar a la Audiencia Nacional.
 

Cuixart y Sànchez, dos trayectorias

Los líderes de Òmnium y la ANC durante el 1-O fueron los primeros acusados ​​en entrar en prisión, el 16 de octubre de 2017, y han convivido durante prácticamente 2 años, pero han seguido trayectorias personales muy diferentes.

Mientras Jordi Cuixart no ha dejado de ser presidente de la entidad que encabezaba entonces, poco después de entrar en prisión Jordi Sànchez dejó de serlo de la suya para pasar al ámbito político.

Fue justo un mes después: el 16 de noviembre se supo que el entonces ya exlíder de la ANC iría de número 2 de Carlos Puidemont en la lista por Barcelona de JxCat por las autonómicas del 21D convocadas por Mariano Rajoy.

Sànchez no solo se convirtió en diputado, también en candidato a la presidencia de la Generalitat. Y lo habría sido si el juez Pablo Llarena le hubiera dado el permiso para serlo.

Pero el juez del Supremo alegó el  "riesgo de reiteración delictiva" para denegarle el permiso. Todo esto ocurrió en marzo de 2018, pocos días antes de que Llarena volviera a enviar a prisión Forcadell, Bassa, Romeva, Rull y Turull.

Desde entonces Sànchez ha seguido presentándose a convocatorias electorales bajo las siglas de JxCat, y con sus compañeros de formación política hicieron una huelga de hambre en protesta porque el Constitucional no tramitaba sus recursos.

Esto ocurrió en diciembre de 2018, y tanto él como Jordi Turull, Josep Rull y Joaquim Forn abandonaron la huelga justo antes de Navidad.
 

Sánchez volvió a ser candidato de JxCat en las elecciones generales del 28A, ahora ya como cabeza de lista por Barcelona, ​​e incluso pudo hacer una rueda de prensa de campaña desde la cárcel.

Pudo tomar posesión del escaño en el Congreso, pero fue suspendido poco después. En junio Sánchez, junto con Rull y Turull pidió la abstención para facilitar la investidura de Pedro Sánchez, pero el partido no les hizo caso.

De momento, Sánchez vuelve a encabezar la lista de JxCat por Barcelona en la repetición de elecciones generales del 10N, mientras Forn, Rull y Turull serán cabezas de lista por Gerona, Tarragona y Lérida respectivamente.
 

Cuixart, la defensa más beligerante

A su vez, Jordi Cuixart se ha mantenido al margen de la arena política durante estos 2 años, y en junio del 2018 la asamblea de Òmnium lo reeligió como presidente.

Después de admitir ante el juez Pablo Llanera, en enero del 2018, su intención de renunciar a la via unilateral para conseguir la independencia, Cuixart decidió cambiar a una estrategia mucho más beligerante.

Por ejemplo, el equipo de abogados de su defensa reclamó en noviembre del 2018 la recusación de los 7 miembros del tribunal presidido por Manuel Marchena que lo debía juzgarle a él y a otros acusados.
 

También la selección de testigos solicitada por sus abogados irritó el tribunal, que expresó directamente a los periodista el "profundo malestar" por su comportamiento, que definieron como "intolerable".

Este septiembre Cuixart ha podido salir de la cárcel para conocer a su segundo hijo que ha tenido con la pareja, Txell Bonet. El Supremo solo le dio 6 horas de permiso para hacer esta visita.