La Abogacía del Estado no aprecia la "violencia estructural" que requiere la rebelión

La Abogacía del Estado ha defendido, en las conclusiones finales del juicio del proceso, que el 1-O se dieron "todas las condiciones" que prevé el delito de sedición. Rosa María Seoane, que representa la Abogacía, ha definido el 1 de octubre como "un movimiento reactivo con carácter generalizado, masivo y público" y ha añadido que es "evidente el levantamiento y la oposición que se produjo por parte de más de dos millones de personas".

Sobre los procesados, ha afirmado que se coordinaron para impedir las acciones del Estado contra el referéndum:

"Queda fuera de toda duda que los procesados, cada uno en su rol, fueron coautores de este delito, porque de forma predeterminada, organizada con carácter previo, participaron en esta configuración de lo que sería el levantamiento público y tumultuario que tuvo lugar el día 1 de octubre, todo con la finalidad clara y manifiesta de impedir y neutralizar la acción ordenada por parte del Estado para impedir la celebración del referéndum."

 

No hubo "violencia como elemento estructural"

 

Seoane ha distinguido entre la violencia planificada, necesaria para el delito de rebelión que mantiene la Fiscalía, y el uso de la fuerza, que es uno de los condicionantes del delito de sedición:

"No se puede equiparar violencia, en términos de estos delitos, con el uso de la fuerza. El delito de sedición hace mención al uso de la fuerza. No podemos entender que la referencia a la violencia en el delito de rebelión pueda referirse al simple uso de la fuerza."

La abogada del Estado ha sido tajante a la hora de afirmar que los acusados no actuaron con la violencia que exige el delito de rebelión:

"El uso de la violencia no ha sido uno de los elementos estructurales del plan llevado a cabo por parte de los acusados como medio para conseguir sus fines."

Seoane ha recordado que la cuestión de la violencia se introdujo en el debate parlamentario del delito de rebelión "precisamente para impedir que conductas que persiguen los mismos fines pero que no fueron violentos fueran castigadas con el delito de rebelión."

La representante de la Abogacía ha considerado que tanto los testigos como los vídeos del juicio han permitido constatar que el 1-O se hizo tanto "uso de la fuerza" como que un intento de impedir, por vías ajenas a la legalidad, "que los funcionarios pudieran cumplir su trabajo".

La exposición de Seoane, que ha empezado la intervención con voz nerviosa, se ha alargado poco más de una hora y media.

 

Las pruebas de la sedición

Rosa María Seoane ha enumerado las pruebas que, según el parecer de la Abogacía del Estado, demuestran que los encausados en el juicio del "procés" cometieron sedición. Ha mencionado la hoja de ruta conjunta de los partidos del 2015, la hoja de ruta de la ANC del mismo año, la agenda Moleskine, el encuentro en casa de Josep Maria Jové y el documento Enfocats.

En el juicio se ha demostrado, ha afirmado Seoane, que estas hojas de ruta se convirtieron en programa político y fueron "el guión que siguió el gobierno" de la Generalitat en la undécima legislatura. Todo esto, con el apoyo de las entidades sociales independentistas. En concreto, sobre la ANC, Seoane ha remarcado que la hoja de ruta defendía que la sociedad "emerge como elemento de presión ante el Estado y como elemento impulsador en este "procés"".
 

Tres pilares: parlamento, gobierno y movilización social

Seoane ha destacado que "toda la estrategia pasaba por la conjunción de tres vectores: la actividad parlamentaria, la gubernamental y la movilización social."

En el primer ámbito, ha mencionado varias veces el papel de Carme Forcadell como presidenta del Parlament, diciendo, por ejemplo, que se aprobó una reforma del reglamento del Parlament que "tenía la voluntad de poder tramitar de forma inmediata la ley de convocatoria del referéndum". En este sentido, ha recordado que la segunda quincena de agosto se declaró hábil "de forma totalmente extraordinaria" y que la proposición de ley quedó "guardada en un cajón" por decisión de Forcadell:

"La decisión de no someterlo a admisión a trámite fue de quien tenía la potestad, que era la señora Forcadell. Así, tuvo el proyecto normativo hasta el momento que tendría que concurrir con un consejo de gobierno. De forma que el día 6 de septiembre se desencadenó el proceso de tramitación. Esto obedecía al temor que llegara una suspensión del Tribunal Constitucional."

También ha comentado la aprobación de las conclusiones de la comisión del proceso constituyente o que se ignoró el informe del Consejo de Garantías Estatutarias o los avisos del letrado mayor y del secretario general del Parlament.

En el segundo pilar, el del gobierno, ha mencionado el "referéndum o referéndum" de Carles Puigdemont a la cuestión de confianza de septiembre del 2016, así como varias notas manuscritas en la agenda de Jové.

Según Seoane, el gobierno hizo "un auténtico despliegue administrativo" para sacar adelante el referéndum, con acciones como la conferencia en Bruselas de Puigdemont, Junqueras y Romeva, la "licitación muy intensa de acuerdos marco" o el hecho de que Vicepresidencia se hiciera cargo del ámbito de procesos electorales.

Y respecto a la movilización social, ha remarcado que el 20S Jordi Sànchez "en ningún caso dio órdenes para que no  hubiera problemas de seguridad" y también que él y Jordi Cuixart se subieron al coche de la Guardia Civil sin que fuera necesario.

"Han dicho que era necesario porque parte de la concentración no lo escuchaba, pero los vídeos ponen en evidencia que el sistema de sonido y el escenario habilitados permitían la perfecta audición en toda la concentración, sin que fuera necesario hacer esta exhibición sobre el coche patrulla."

La abogada del Estado ha afirmado que todos los miembros del gobierno fueron "coautores del delito de sedición". Además, ha destacado que Forcadell tuvo un "papel fundamental" para dar "apariencia de legalidad" al referéndum con un "marco normativo paralelo y completamente ilegítimo" y que los peritos que solicitó la defensa de Cuixart confirmaron "la fuerza o carácter reforzado que daba a los concentrados, a la gente que se levantó de forma pública y tumultuaria, el hecho de que el referéndum estuviera avalado por las autoridades".