Las "armas de guerra" de Zoido eran fusiles para la lucha antiterrorista de los Mossos

Durante la declaración del exministro del Interior, Juan Ignacio Zoido de este jueves ante el Tribunal Supremo, la fiscal Consuelo Madrigal le preguntó por un "intento de compra de armamento" por parte de los Mossos en 2017.

Tras pensarlo unos segundos, Zoido respondió que cuando ocupó el cargo, en noviembre de 2016, había una solicitud que calificó de "armamento de guerra":

"Creo recordar, que era de finales de 2016, una solicitud de compra de armamento, lo que a menudo ellos utilizaban, de armamento... unas armas que se llaman de guerra, y munición, la tradicional que ellos suelen consumir y utilizar, y otras para las armas de guerra."

"Cuando me dijeron que eso estaba pendiente, les dije que lo tramitaran, y después de pasar a la Dirección General de la Guardia Civil y también a la Dirección General competente de Defensa, pues se estimó que no estaba justificado ni el número de armas que se quería, ni el tipo, ni tampoco la munición, que era mucha."

El exministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, este jueves en el Tribunal Supremo

Madrigal le preguntó si entre estas "armas de guerra" había lanzagranadas, y Zoido dijo que no lo recordaba. El exministro aseguró que no se autorizó la compra "porque no se entendió que fuera necesario."

"Para combatir el terrorismo"

Este viernes el conseller de Interior, Miquel Buch, ha declarado que Zoido tiene "lagunas" o "olvidos" porque no dijo que el Ministerio del Interior había aprobado previamente esta compra de armas solicitadas por los Mossos.

Buch no ha negado que estas armas puedan utilizarse en caso de guerra, pero ha asegurado que los Mossos las pidieron para "combatir el terrorismo".

El conseller ha aprovechado para acusar implícitamente al exministro de ser el responsable de la prohibición de compra, y ha dicho que haciéndolo "desprotegió" a la población:

"Las herramientas que se decidieron comprar y que el Ministerio decidió aprobar son las herramientas que utiliza la policía para afrontar esta alerta 4 sobre 5 de terrorismo que hay en España, que hay en Cataluña, como tuvimos el 17 de agosto si lo recuerdan bien y, además, también tiene el resto de Europa."

"Por lo tanto, el impedimento de esta compra lo único que hizo fue desproteger los catalanes y catalanas."

Buch también ha asegurado que Zoido no dijo la verdad cuando afirmó que los Mossos no habían cumplido con su deber durante el 1-O.

Toni Castejón, portavoz del sindicado SAP-Fepol, este viernes

"Una irresponsabilidad"

Según Toni Castejón, portavoz de SAP-Fepol, sindicato mayoritario en los Mossos, fue "una irresponsabilidad" que no se autorizara la compra:

"Todo esto forma parte del juego político sucio, para decirlo de algún modo, los Mossos siempre nos hemos visto en medio, y en cada compra se buscaba trastocar un poco todo."

"Y a esta compra de armas que, insisto, son absolutamente necesarias, alguien quiso darle un sentido bélico, lo que es absolutamente indigno y falso."

Castejón ha asegurado que todas las policías europeas tienen este tipo de armas, porque son necesarias en atentados terroristas en que "tienes una arma similar delante".

También ha dicho que la munición, los 5 millones de cartuchos, tampoco llegaron, y que esto hizo que los agentes apenas pudieran hacer prácticas con las armas que ya tenían.

Disputa en septiembre de 2017

La petición de estas armas fue motivo de disputa política en septiembre de 2017, cuando el conseller de Interior, Joaquim Forn, actualmente en prisión preventiva y acusado de rebelión en el juicio en el Tribunal Supremo, se quejó de que no se hubiera aprobado la compra.

En ese momento se supo que, tras los atentados yihadistas como los de la sala Bataclan o Charlie Hebdo en París donde los terroristas habían utilizado fusiles Kaláshnikov, en octubre de 2016, el anterior conseller, Jordi Jané, había solicitado permiso para comprar 1.000 armas largas y 5 millones de cartuchos.

El Ministerio del Interior autorizó su compra a finales de noviembre, argumentando que la Secretaría de Estado había emitido un informe favorable, y que lo remitía a la Dirección General de la Guardia Civil para que realizara su informe, pero el permiso nunca llegó.

El propio Jordi Jané, poco antes de ser sustituido por Forn, en julio de 2017, ya reclamó a la Junta de Seguridad que autorizara la compra de armas.

Para Forn era "muy urgente"  

Pocas semanas después de los atentados del 17 de agosto de 2017 y 2 semanas antes del 1-O, Forn pidió por carta a Zoido que agilizara el trámite porque consideraba que era "muy urgente" poder disponer de las armas:

"Es evidente que si no entran estas 1.000 armas largas que necesitamos y que sirven para garantizar y mejorar la seguridad, esto va en detrimento de la seguridad del país, es lógico."

Joaquim Forn el 14 de septiembre de 2017, cuando era conseller de Interior

Entonces la Guardia Civil aseguró que todavía faltaba el visto bueno del Ministerio de Defensa, un trámite que la Generalitat aseguró que no era necesario.

Cuando se le preguntó entonces por esta cuestión, el ministro Zoido dijo que no le constaba:

"Yo ahora mismo no dispongo de este dato concreto y, por tanto, lamento no poder tenerlo ahora mismo."

Juan Ignacio Zoido, el 14 de septiembre, cuando era ministro del Interior

El entonces delegado del gobierno en Cataluña, Enric Millo, por su parte, calificó el problema de "trámite administrativo" normal:

"No estoy dispuesto a permitir que se haga política sobre temas relacionados con la seguridad. Todo sigue su curso, no hay ningún problema, no hay ninguna dificultad, y punto."

Enric Millo el 14 de septiembre de 2017, cuando era delegado del gobierno en Cataluña

Aprobadas durante la aplicación del 155

Según fuentes de la Conselleria de Interior, los Mossos ya tenían armas largas como las que no se autorizaron, y que las pidieron para dotar también a los grupos especializados como la BRIMO, la Brigada móvil.

Estas fuentes añaden que la autorización finalmente llegó en diciembre de 2017, cuando ya estaban aplicando el artículo 155 y la Generalitat estaba intervenida por el gobierno español.

Las fuentes aseguran que en aquel entonces llegaron los 5 millones de cartuchos, y que las armas han ido llegando después.