Los exconsellers Mundó, Borràs y Vila, condenados a 1 año y 8 meses de inhabilitación por desobediencia

El Tribunal Supremo ha sentenciado a los exconsellers Carles Mundó, Meritxell Borràs y Santi Vila a 1 año y 8 meses de cárcel por un delito de desobediencia. Los exconsellers también han sido condenados cada uno a 10 meses de multa con una cuota diaria de 200 euros que equivale a 60.000 euros en total.

La sentencia dice que Mundó, Borràs y Vila: "Los tres acusados desatendieron los mandatos del TC. Los tres sabían que su deber era acatar sus requerimientos, y "de forma contumaz omitieron lo que les habían ordenado".

Entre 24 años y multa

La Fiscalía y la Abogacía del Estado pedían la misma pena para los tres: 7 años por malversación y desobediencia, con un añadido de 30.000 euros de multa por parte de la Fiscalía.

La acusación popular ejercida por el partido de extrema derecha Vox pedía para los tres 24 años y 108.000 euros de multa por los delitos de malversación, desobediencia y organización criminal.

A finales de mayo, no obstante, este partido retiró a Santi Vila la acusación por malversación y organización criminal, y solo le pidió una multa por desobediencia.

Mundó y las "mentiras" del fiscal
 

 

El exconseller de Justícia Carles Mundó declaró durante el juicio que, cuando firmó el decreto de convocatoria del 1-O, estaba convencido de que no era delito.

Añadió que, después de que el 15 de septiembre del 2017 recibiera la advertencia del TC prohibiéndolo, no tomó ninguna decisión para facilitarlo.

Por eso rechazó las acusaciones de desobediencia y de malversación, cosa que su abogado, Josep Riba, reiteró al final del juicio.
 

El abogado de Carles Mundó, Josep Orilla, interviniendo durante la vista oral en el Tribunal Supremo.

 

Durante el interrogatorio del fiscal Javier Zaragoza, Mundó se quejó de algunas de las afirmaciones que hizo, como, por ejemplo, que él era el "asesor jurídico" del govern.

Zaragoza también le preguntó por tuits y otros hechos que el exconseller se negó a contestar porque no tenían relación con los delitos de que se le acusaba.

Días después Mundó presentó un escrito de queja al tribunal en que denunciaba que el fiscal había mentido durante el interrogatorio.

Objetivo del 1-O: "Llegar a un acuerdo con el gobierno español"

En su declaración ante el tribunal, la exconsellera de Gobernación Meritxell Borràs negó ningún tipo de financiación pública de su conselleria para el 1-O.

También dijo que no se encargó de "ninguna acción relacionada con el referéndum", y afirmó que su gobierno lo que quería era "llegar a un acuerdo con el gobierno español".

"Afirmaciones gratuitas"

Al final del juicio, su abogada, Judit Gené, aseguró que las acusaciones contra Borràs se basaban solo en "afirmaciones gratuitas".

Según Gené, no pudieron probar ningún gasto de Gobernación por el 1-O, ni ninguna campaña institucional ni siquiera la cesión de ningún local para el referéndum.

"Malversación posmoderna"
 

Aprovechando una broma de otros abogados, sobre que a los acusados se les atribuía una "rebelión posmoderna", Gené dijo que también la malversación había sido "posmoderna".

La abogada remató la defensa asegurando que tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado habían actuado con un "celo acusatorio" y un "sesgo" excesivos.

El 1-O, "gran movilización política"
 

El exconseller de Empresa y Conocimiento, Santi Vila, declaró ante el Supremo que, cuando el TC prohibió el 1-O, dejó de ser un referéndum.

Vila lo calificó de "gran movilización política" y afirmó que esta era la opinión de la mayoría de miembros del govern de Carles Puigdemont.

El exconseller añadió que, después del 1-O, se esforzó para buscar una solución para evitar el conflicto, pero que no tuvo éxito.

Vila concluyó asegurando que "todos podríamos haber sido más responsables", refiriéndose al govern de la Generalitat y también al español.
 

Joan Segarra, abogado de Santi Vila, interviniendo en el juicio del procés en el Tribunal Supremo.

"Cumplió con la ley"

Al final del juicio, el abogado de Vila, Joan Segarra, pidió la absolución porque, dijo, "cumplió con la ley" en todo momento.

En este sentido, Segarra defendió que Vila no cometió desobediencia ni tampoco malversación, y que no se cedió ningún local dependiente de su consellería para el 1-O.

Exconsellers en libertad

A diferencia del resto de acusados, Mundó, Borràs y Vila no están en prisión preventiva: solo fueron encarcelados un periodo corto del 2017 por orden de la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela.

Carles Mundó entró a la prisión de Estremera el 2 de noviembre y salió el 4 de diciembre después de pagar los 100.000 euros de fianza impuesta por el juez del Supremo Pablo Llarena.

Lo mismo le pasó a Borràs, que estuvo en la cárcel de Alcalá-Meco del 2 de noviembre al 4 de diciembre del 2017 y después quedó en libertad.

Vila, en cambio, solo pasó una noche en la prisión, el 2 de noviembre del 2017, i de donde salió al día siguiente después de haber pagado 50.000 euros de fianza. Fue el único exmiembro del govern para quién Lamela no decretó prisión incondicional.